Latinoamérica aborta en pandemia

Escrito por: - 10 de enero de 2022
Latinoamérica aborta en pandemia

Las latinas en distancia social, enfrentamos la clandestinidad, el miedo y la desprotección estatal, urdiendo poderosas redes feministas. Desde el grito esperanzador de las hermanas argentinas, el terror al autoritarismo en Nicaragua, hasta la precarización chilena, nos informa Antonia del Solar Benavides.

Por Antonia del Solar Benavides / Ilustraciones: Amandina Catrala

 

“Era muy angustiante enterarse que no había pastillas en ninguna parte y que habían mujeres decididas a abortar pero que no tenían cómo. Un verdadero ninguneo hacia nosotras y nuestras determinaciones. Lo peor es que en la agenda pública no era tema, salvo para las colectivas feministas” manifiesta Florencia (26), integrante de una red autogestionada que acompaña el aborto de mujeres y personas con capacidad de gestar que viven en Chile. 

Comenzaba el 2020 y la pandemia se extendía por América Latina, después de considerarla como un problema lejano, uno que ocurría al otro lado del mundo. Tampoco sabíamos que serían varios los meses de encierro, con cifras aplastantes. Año y medio después, aún la vida estaría limitada por aforos, toques de queda, contagios, pases de movilidad y otras restricciones. No obstante, las organizaciones feministas atendieron la violencia contra las mujeres como una urgencia, anterior a la pandemia y tan propagada como el virus. En este nuevo contexto, mujeres y niñas (aún) se encuentran encerradas con agresores; mujeres y niñas siguen vulneradas y con escasa atención médica bajo perspectiva de derechos sexuales y reproductivos. 

Redes feministas para la supervivencia

Todo misoprostol fuera de la institucionalidad médica chilena tiene carácter de ilegal, por tanto, debe ser importado clandestinamente. Para abril del 2020 el Cono Sur cerraba sus fronteras y en la cabeza de las activistas organizadas pro-aborto la pregunta fue ¿En cuánto tiempo se acabará el misopostrol? ¿Cómo es posible que el Estado siga penalizando y criminalizando el aborto cuando sabe que son miles de personas las que abortan año a año? En este largo y conservador país, sólo existe la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en tres causales: por riesgo vital de la mujer, inviabilidad fetal y violación. 

En estas circunstancias, la Mesa de Acción por el Aborto Chile junto a Fondo Alquimia y diversas organizaciones, realizaron el Segundo Monitoreo Social, para corrroborar su implementación desde 2019 en adelante. El estudio, además de dar cuenta del defectuoso funcionamiento de la normativa y de las deficiencias en torno a la salud sexual y reproductiva –que ya existían y que la pandemia profundizó–, reunió las cifras totales de quienes interrumpieron su embarazo dentro del marco de la ley. Siendo 818 mujeres en 2019 y 640 en 2020. Sin embargo, según las últimas estimaciones que datan del 2016, se practicarían entre 60 mil a 300 mil abortos al año. Es decir, la gran mayoría de quienes abortan en Chile lo hace fuera de la ley, con pastillas conseguidas a través de organizaciones o a través del mercado irregular. Comercio donde el riesgo de estafa, tomar medicamentos que no corresponden con el procedimiento y recibir información incorrecta, se suma al pagar elevados montos, inaccesibles para muchas niñas, adolescentes y adultas. 

Aborto con pastillas

Es uno de los modos más frecuentes para interrumpir gestaciones en la actualidad y uno de los métodos recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Diversas organizaciones feministas del mundo se articulan para que, en los países donde el aborto libre es ilegal, las mujeres puedan recurrir a este medicamento. Muchos de estos colectivos informan sobre el proceso, sobre qué se puede esperar y cuándo preocuparse, cuántos comprimidos tomar, cada cuánto tiempo ingerir las dosis, qué cuidados previos y posteriores tener, entre otros. Nunca estará demás recordar que, en caso de usar sólo Misoprostol, la dosis es de doce pastillas: cuatro pastillas por vez, las que se toman cada dos o tres horas. En el caso de usar Mifepristona: una pastilla de mife y, 45 horas después, cuatro de misoprostol (para más información revisa el siguiente video). 

Ilustración de Amandina Catrala

Chile: ¿Qué sería de nosotras sin nosotras?

Lía Alvarado (46) es integrante de la Colectiva Feminista Patiperras y parte de la Red Con las Amigas y en la Casa de la región de Coquimbo, articulación lesbofeminista que se dedica a informar, así como acompañar a niñas y mujeres que deciden abortar. Esta organización autogestionada, con presencia en casi todas las regiones de Chile, estipula que por año colabora con cerca de seis mil mujeres y niñas. Respecto a las complejidades que sumó la pandemia, Lía explica: “Hubo momentos en que no había miso, casi durante un mes que no tuvimos. Al principio vimos que empezó a escasear y entre las redes amigas empezamos a priorizar los casos urgentes, que ya estaban avanzados en el tiempo o eran niñas. Entre todas tratamos de mover medicamentos desde distintos puntos del país, hasta que tuvimos que acompañar a chicas que se conseguían pastillas fuera de organizaciones, comprándolas a desconocidos. Si antes, en el mercado ilegal costaban CLP $150.000, llegamos a ver cómo -en pandemia– les cobraban hasta CLP $220.000”.

Para mantener la circulación de estas píldoras recurrieron a diversas estrategias: hacer campaña para que mujeres con pastillas de sobra –de procedimientos anteriores– las donaran y así completar dosis para otras. También debieron cambiar la forma de relacionarse con las mujeres que buscan abortar. Como ya no se puede en talleres presenciales (con grupos de cinco o seis mujeres), ahora el acompañamiento se realiza a través del computador a pantalla apagada, donde sólo aparecen voces. A una distancia más que palpable. 

Algunas mujeres comenzaron a solicitar misoprostol en organizaciones feministas internacionales como Women on Waves pero los paquetes enviados por correo, demoraron mucho más que de costumbre, en una situación donde el tiempo apremia. Varias pudieron ser ayudadas mientras esperaban su encomienda, por eso la mayoría decidía donar su medicación importada, la cual recibían con cinco o seis semanas de atraso: “Había una vuelta de mano, para así ayudar a otra después” concluye Lía. 

Karina (27) es activista feminista y abortó este año. “Quedé embarazada durante el 2021, lo que hizo que las cosas fueran un poco menos complejas porque las fronteras ya no estaban completamente cerradas. Me enteré de muchas situaciones en que las mujeres estuvieron semanas intentando encontrar pastillas y otras que simplemente no pudieron abortar”, manifestó agregando: “Las mujeres sabemos que aquellas situaciones relacionadas directamente con nosotras suelen no ser prioritarias. Lo que pasó durante el peak de la pandemia radicalizó esto: el Estado se apoyó en el trabajo invisible de las mujeres para atravesar la crisis y,  al mismo tiempo, siguió controlando nuestros cuerpos”

A Lía y Karina, se suma Florencia. Las tres conocieron a mujeres que se vieron obligadas a continuar con sus embarazos en los meses de mayor crisis. También señalan que al secundarizarse la atención primaria, muchas no pudieron acceder a anticonceptivos ni a controles de rutina. Las barreras al acceso de salud y el miedo de contagiarse, provocaron también que muchas tuvieran dificultades para realizarse ecografías, procedimiento indispensable para saber con certeza cuánto tiempo de gestación se tiene y descartar embarazos ectópicos. El misoprostol es recomendado desde ciertas semanas de gestación, por tal motivo es importante saber con precisión para que las pastillas funcionen. Antes de las siete semanas, no es recomendable, por su baja efectividad. Es decir, se recomienda utilizar después de la séptima semana e, idealmente, antes de la doceava semana. 

“Asesoramos a mujeres que compraron en el mercado ilegal y me tocó ver cómo estos vendedores no solo desinformaban a las mujeres, indicando dosis erróneas o directamente falsas, sino que también cómo usaban su desesperación para lucrar” explica Florencia y  añade: “Acompañar abortos es una pega inmensa: es hacer que las mujeres y niñas tengan información certera y no se sientan solas durante el proceso, que no es solo el aborto, sino lo que viene antes y después. Y lo agradecen: es un acto de solidaridad entre mujeres. Después, muchas de ellas ayudan a otras, comparten información o incluso se forman para ser acompañantes”

Ilustración de Amandina Catrala

Nicaragua: Feministas frente al virus y la dictadura de Ortega

Era 2006, año de campaña presidencial. Dos candidatos destacados, Daniel Ortega y Eduardo Montealegre, promueven la prohibición total del aborto. Como señala el informe de Amnistía Internacional (IA) publicado en 2009: “Los dos principales partidos decidieron oír la petición de los miembros prominentes de la Iglesia Católica de Nicaragua y de otros grupos cristianos de imponer una prohibición total del aborto. La prohibición del aborto terapéutico se convirtió en un tema electoral clave”. Ese mismo año se derogó el artículo que permitía el aborto en tres causales desde hace más de cien años.

Al año siguiente Ortega retornó al poder –es Presidente hasta el día de hoy– en un gobierno que se dice sandinista pero que, en la práctica, es autoritario y conservador respecto a los derechos de mujeres y disidencias, persiguiendo a feministas y movimientos sociales en general: estudiantes, campesinos, indígenas, además de periodistas, precandidatos/as y otras voces disidentes. Las violaciones a los Derechos Humanos en Nicaragua han sido denunciados por organismos internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Organización de Naciones Unidas (ONU) y Human Rights Watch; que denuncian asesinatos a manifestantes, detenciones políticas, represión policial, cierre e ilegalización de organizaciones, miles de personas exiliadas, prohibición de realizar manifestaciones públicas, entre otros atropellos.

La activista feminista nicaragüense, Bertha Massiel nos explica: Se vio mucho más enfrentado el discurso en contra del movimiento feminista; hablaba de las feministas como las concubinas de Herodes y que estábamos en contra de la vida. La primera dama de entonces –que ahora es Vicepresidenta– ha tenido un discurso antifeminista. Ha dicho que las feministas estamos en contra de las familias, de los valores de las mujeres nicaragüenses”. El rechazo por parte de Ortega hacia el movimiento feminista tiene estrecha relación con su denuncia por abuso sexual interpuesta en 2008 por la hija de Rosario Murillo, quien es su pareja hasta el día de hoy. Denuncia ampliamente visibilizada y apoyada por feministas. 

En este contexto y en mitad de una crisis política y económica, llegó la pandemia. Bertha indica que desde que asumió Ortega no hay información oficial de muertes maternas ni otros datos que den cuenta del impacto de la prohibición total del aborto. El gobierno tampoco puso a disposición datos relativos a contagios y/o muertes por Covid-19, ni protocolos o medidas pertinentes. Más bien negó la existencia del virus en el país, por lo que tuvieron que tomar medidas dentro de sus posibilidades y por iniciativa propia. 

La crisis política pre-pandemia les llevó a conocer el misoprostol y articular la Red de Acompañamiento en Nicaragua, entidad que reúne a distintas colectivas feministas con presencia a nivel nacional. Durante la pandemia y “durante la crisis política funcionó a pesar del miedo y de la persecución que había, porque una de las razones o de la excusa para perseguir feministas es el aborto”. A propósito del contexto político, un aprendizaje obligado fue mantener una reserva de miso. Es así como idearon nuevas estrategias: repartir en distintos barrios kit con preservativos, anticonceptivos hormonales, dosis de misopostrol, mascarillas, alcohol gel, desinfectante, folletos con información y un número de teléfono para casos de violencia en general y de violencia sexual. hay una sensación entre las mujeres en general y dentro del movimiento feminista de indefensión en Nicaragua. Ya no sabemos cómo alcanzar la justicia, por lo menos, a corto plazo, porque al haber un gobierno totalitario no tenemos dónde denunciar”, expresa, señalando que no será posible despenalizar el aborto en medio de una dictadura, a lo que agrega que “por lo tanto, es indispensable fortalecer las redes de aborto (…) porque no habrá otra posibilidad de salvar la vida de las mujeres si no es a través del misopostrol y la organización colectiva feminista” apunta Bertha, relevando que la persecución a activistas y organizaciones feministas deja aún más expuesto el bienestar de mujeres y niñas.

Ilustración de Amandina Catrala

Argentina: El grito que dio vuelta al mundo

La imagen fue surreal: calles inundadas de mujeres, en un año que recordaremos para siempre por el aislamiento y distancia social. La marea verde rodeó el Congreso, a la espera de la votación de los honorables, para ver si esta vez aprobarían legalizar el aborto sin desoir a millones de mujeres trasandinas, como sucedió en 2018. 

La madrugada del miércoles 30 de diciembre de 2020 fue histórica: las pantallas gigantes puestas en la calle señalaban: “¡Es ley!”. Con 38 votos a favor, 29 en contra y una abstención, el aborto sería legal hasta la semana catorce. Una lucha de décadas, siendo la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito (CNALSG) una pieza clave. Esta articulación data del 2005 y cuenta con presencia nacional, siendo integrada por más de 300 grupos, organizaciones, movimientos sociales y culturales. 

Así, Argentina se convertió en uno de los escasos cinco países de América Latina en legalizar el aborto libre. Las pibas saltaban, gritaban, lloraban. Se abrazaban y, a través de nuestros móviles, llorábamos y nos reíamos con ellas. Las redes sociales se llenaron de fotos y frases chilenizadas, como: “Si las pibas pueden, las cabras también”. Un grito de esperanza para aquellas que vivimos bajo la tutela de lo que Las Tesis nombraron como Estado Opresor, en una performance que también dio la vuelta al mundo. 

Ximena Gómez (33) socióloga, activista e integrante de la CNALSG, indica que, desatada la pandemia, las acompañantes aborteras se vieron sobrepasadas. La red feminista calculó que 500 mil personas recurren al aborto clandestino por año y que, cada tres horas, una niña era obligada a gestar y a parir. Así es como –desde 2012 a la actualidad– se registran 73 casos de criminalización de mujeres por abortos u otros eventos obstétricos, en su mayoría mujeres de sectores pobres.

Bajo este marco y cruzadas por la propagación del contagio, las feministas argentinas decidieron tomar fuerzas e intentar nuevamente legalizar el aborto, esta vez, con el desafío de organizarse en un contexto aún más adverso. Tomaron la consigna de “Es urgente, es esencial” que estaba usando el Estado, para referirse a los cuidados: “Si bien ya teníamos ganado el 2018, legitimado socialmente; en pandemia, sin poder salir a la calle y en una situación tan grave, empezamos con la consigna (…) y armábamos ollas populares como aborteras, para seguir hablando sobre el acceso a métodos anticonceptivos”

Ximena cuenta que, a seis meses de la aprobación, realizaron un balance, el cual indica que la situación no ha cambiado mucho:El Estado, al haberlo ya legalizado, tiene que asegurar que en los centros de atención primaria haya stock para que puedan atenderse ahí. Pero el tema es que no hay. Lo mismo pasa con los métodos anticonceptivos. Otras de las exigencias es la falta de consejerías: no hay lugares ni profesionales capacitados para esto”. A estas dificultades se suma la objeción de conciencia. Si bien no se inventó una figura –como en Chile– que permite a instituciones completas declararse objetoras, faculta que trabajadores/as de la salud sí lo sean: “¿Qué pasa si es la directora de ese hospital? Hay un montón de cuestiones que son un vacío legal y que permiten el avance de este tipo de miradas fundamentalistas, restrictivas de derecho”

“Algunos profesionales están siendo perseguidos y, quienes acceden a llevar adelante una interrupción, terminan siendo pocos por persecución, por la cuestión de la falta de empleo. Y eso, lo que termina generando, es que no puedan hacer un verdadero acompañamiento a las personas. Ahí otra vez aparece la organización feminista sosteniendo algo donde el Estado es insuficiente”, manifiesta la activista. Además En la provincia cambia muchísimo entonces, por ejemplo, en algunas provincias prohíben la venta de misopostrol ya siendo legal la interrupción voluntaria del embarazo. Cada provincia adhiere a las ordenanzas nacionales pero pueden adecuarlas a sus características. Ahí empezamos a tener problemas: no se puede acceder al derecho de la misma manera en todos los lugares. Entonces el Estado Nacional no lo puede garantizar” expresa Ximena. “Es un desafío, porque realmente las estructuras de poder y las instituciones no cambian su formato patriarcal y siguen definiendo quiénes son las personas con derecho a decidir realmente. Sigue siendo así”

“Hay algo que tenemos históricamente los feminismos, lo sabemos muy bien” –nos explica Ximena– “la aprobación de una ley no implica la garantía a su acceso (…) el Estado sigue priorizando recursos fiscales en otros lados”, por eso insiste: “Las redes feministas son la condición de supervivencia para nosotras/es”, para las mujeres y cuerpos gestantes de América Latina.

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