¿Qué fue del caso NIDO.ORG?

Escrito por: - 10 de enero de 2022
¿Qué fue del caso NIDO.ORG?

Hace dos años, cientos de mujeres denunciaron ser acosadas a través de este foro y red de misoginia, exhibiendo la ineficacia de la ley chilena para abordar la violencia digital ¿En qué va este proceso? Si el Ministerio Público no lo informa, investigamos y te lo contamos nosotres.

Por Tania Contreras y Francisco Zúñiga

¿Recuerdan? El 2018 fue un año esperanzador para el movimiento feminista en Chile. Por primera vez, cientos de universitarias se tomaban sus casas de estudio con demandas como la Implementación de protocolos ante el acoso o una Política de inclusión pedagógica no sexista. Esa no fue la excepción para la calle Almirante Barroso de Santiago Centro, donde se ubica la Universidad Alberto Hurtado. Valentina, quién prefiere no dar a conocer su nombre real, y de entonces 24 años, fue una de las voceras de la toma, ganando sororidad y una inédita visibilidad que le acarreó efectos indeseados. Aún recuerda el día en que una compañera contó que sus fotos estaban en un blog aún desconocido. Se llamaba Nido.org, un sitio que ganó fama como la web de acoso digital más grande del país. Sus fotografías siempre fueron acompañadas por insultos. 

—Que era chana, que era guatona, que era fea. La típica —cuenta la joven.

Ese fue el comienzo de una serie de ataques cibernéticos que incluyó la publicación de su dirección, amenazas y recepción no consentida de fotos de penes, mujeres violadas y muertas.

Como ella, cientos de mujeres fueron víctimas de los “choroy” (usuarios) formados en Nido.org. Luego de que sus denuncias se vincularan y este caso se tornara tema país, la Policía de Investigaciones (PDI) presentó un documento a la Cámara de Diputados que señala que hasta marzo de 2019 habían recibido 156 denuncias en todo Chile. Sin embargo, pese a que acosaron principalmente a mujeres, de todas las edades, de forma selectiva, con intimidación, difusión de fotos y videos sin consentimiento –entre otros– según el documento, solo 27 de las denuncias estarían asociadas a delitos. El 82,7% restante fue consignado como “otros hechos”. 

—El problema que tenemos hoy es que no existe una legislación que establezca como delito algunas de estas conductas. Como aquella más grave: la difusión de imágenes íntimas —dice Jessica Matus, directora de la Fundación Datos Protegidos.

Paralelamente y durante el mismo año, un estudio sobre violencia de género digital de este organismo en colaboración con la ONG Amaranta, mostró que las mujeres y personas de la comunidad LGBTIQ+ reconocen en un 73,8%, haber sufrido algún tipo de agresión. El estudio también señala: “Del 6,78% de las mujeres cuyas denuncias fueron acogidas, ninguna ha resultado en condena penal, sanción o alguna forma de reparación hacia las víctimas afectadas, incluso cuando las pruebas incluían la identidad de sus agresores”.

—Esto va muy ligado con la falta de educación sexual integral y no sexista que hace que se perpetúe la idea de que, por ejemplo, el cuerpo de las mujeres es un territorio de conquista —asegura Karen Vergara, investigadora de ONG Amaranta—. Debemos entender que este tipo de violencia se enfrenta también con políticas públicas que apunten a la educación, contención y al cuidado.

Mujeres y disidencias: Las más afectadas

Durante el año pasado, la organización Plan Internacional, encargada de proteger los derechos humanos en la infancia y promover la igualdad de género, consultó a 14.000 niñas y adolescentes de 31 países (incluido Chile) sobre cuáles eran sus experiencias con el acoso online. Los resultados fueron desoladores: el 58% de las participantes ha sufrido acoso en línea y el 42% de las niñas que se identificaron como LGBTIQ+ son acosadas por motivo de su orientación sexual. Según otra investigación de la Revista Europea de Criminología, la comunidad transgénero tiene más probabilidades de experimentar una mayor variedad y proporción de conductas abusivas, siendo aproximadamente tres veces más victimizada en comparación con la población heterosexual cisgénero. 

En Chile, y según un estudio realizado por ONU Mujeres en 2020, el sesgo de género online se manifiesta a partir de la niñez y adolescencia. Un 73% de las adolescentes consultadas entre 15 y 18 años ha sufrido algún tipo de violencia online, así como un 52% de las niñas entre 12 y 14 años. Se señala además que el 51% de las jóvenes sostuvieron que habían recibido fotografías de genitales sin haberlas consentido.Vale decir, la mitad de las adolescentes conectadas a internet. En cambio, los adolescentes víctimas de este tipo de agresiones se reduce en un tercio, con un 17%.    

Según Datos Protegidos, el hostigamiento a través de expresiones de odio (“ciberacoso”), difusión no consentida de contenido íntimo o sexual, publicación de datos privados (“doxing”) y el envío de imágenes agresivas o de contenido sexual sin consentimiento, son las formas de agresiones más comunes que sufren las mujeres y disidencias en Chile.

—Se ve mucho, por ejemplo, en las ex parejas que, por despecho, viralizan en sitios pornográficos o grupos de WhatsApp, fotografías íntimas que en algún momento se compartieron. También hemos visto que crean perfiles en páginas de scort, de prostitución, utilizando el nombre de la otra persona y su número telefónico para ofrecer servicios. Ahí hay una usurpación de identidad que va a generar un acoso tremendo —complementa Mauricio Araya, psicólogo y Comisario de la Brigada de Cibercrimen de la PDI—. También tienes el tema de los “packs” de imágenes o videos, que afecta más a jóvenes, y el tema de la “sextorsión” o extorsión sexual, que le sucede más a adultos. 

Un nido de funados

Todo comenzó el día en que una joven menor de edad acudió a la Secretaría de Género que, en ese entonces, Valentina integraba en su universidad. La adolescente había realizado una “funa” a un estudiante de esa casa de estudios por violencia sexual y psicológica. Le solicitó ayuda a ella y a sus compañeras. El “funado” estaba vinculado estrechamente a Nido.org. Según comentó, la víctima habría concedido subir videos de carácter sexual a la web por influencia de la ex pareja. Las integrantes de la Secretaría comenzaron a organizarse para darle amparo. Sin embargo, los pantallazos de esas conversaciones –por WhatsApp– se filtraron a Nido. Poco tiempo después, la información personal de todas las activistas también apareció.

Estaba mi dirección, mi nombre. Había fotos mías y con mi hermana. Algunas eran públicas en Facebook, pero también había otras que tenías que ser mi amigo para poder verlas.

Las agresiones no se limitaron al foro de Nido. Además, fue acosada a través de Facebook por perfiles falsos que le enviaron insultos o fotos de genitales. Una vez que ella decidió contestar a uno de estos, el ataque escaló aún más:

—Ahí la hueá se tornó violenta —relata la joven—. Me mandó fotos de mujeres muertas, mujeres violadas. “Así vas a quedar”, me puso. Fue muy heavy.

Sería recién en enero de 2019 cuando el problema comenzó a tratarse públicamente en medios de comunicación masivos. Durante los siguientes meses el número de denuncias creció en todo el país. Incluso personalidades conocidas como Paloma Salas y Antonia Larraín fueron afectadas.

Desde la Asociación de Abogadas Feministas (ABOFEM) abrieron canales de comunicación para que las afectadas hicieran allí sus denuncias. En septiembre de ese año, señalaron que los testimonios ascendían a 450. Incluso la constituyente Bárbara Sepúlveda, entonces directora ejecutiva de la organización, señaló en un artículo de la BBC que no descartaban la existencia de vínculos de la web con redes internacionales dedicadas al tráfico de este tipo de contenidos. Las autoridades estatales también se hicieron presentes. Entre febrero y marzo –los meses más álgidos de Nido en la palestra pública– la Fiscalía, PDI y el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género fueron enfáticos en condenar los hechos y manifestaron que lo consideraban un caso de máxima relevancia.

No obstante, el 26 de febrero la noticia del suicidio de Lamuel Donoso Moschenti remeció al país. Un día después de que su identidad fuera filtrada en redes sociales reconociéndole como uno de los administradores del sitio, el hombre de 31 años se lanzó a las vías del Metro de Santiago. Pocas horas más tarde, la PDI incautó material informático en su domicilio y confirmó a los medios ser una de las personas investigadas, según señaló El Mostrador

Para Valentina, esta noticia fue chocante. Por una parte, sentía que todo lo que le había tocado vivir a causa de los choroy ahora era considerado por la sociedad como violencia. Por otra, vio como la visibilidad y atención sobre el caso se fue apagando:

—Creo que muchos hombres que estaban vinculados directamente a Lamuel van a salir impunes porque pareciera que la investigación se congeló desde que él se mató —dice Valentina.

Fiscalía Oriente no se refiere al tema

“Desde enero de este año, la Fiscalía de Chile tiene abierta una investigación y hemos designado como fiscal especial, a cargo de todas las denuncias que se presenten en el país, al Fiscal Regional Metropolitano Oriente, Manuel Guerra”, dijo Jorge Abbott, Jefe Nacional del Ministerio Público, en un punto de prensa el 27 de febrero de 2019. A menos de 24 horas del suicidio de Lamuel Donoso.

Al día siguiente, “una fuente ligada al caso” señaló a La Tercera que, luego del deceso, el foco de la PDI estaría puesto en los otros responsables, entre ellos el segundo gestor de la página y el grupo de moderadores encargados de los foros de discusión. Las solicitudes de información a compañías de telecomunicaciones internacionales y las peticiones al país en el que se encontraban los servidores, eran herramientas a disposición de la institución para dar con sus paraderos.

No obstante, a más de dos años de este anuncio, no se han informado avances significativos en la investigación, además de la detención en abril de 2019 de un sujeto de 39 años en Valparaíso, denunciado por difundir imágenes sin consentimiento de una mujer en Nido.org, según informó el mismo medio.

En marzo de 2020, un año después que ABOFEM dijo haber presentado las denuncias por el caso, a través de un comunicado, declararon que “han existido relativos avances en la investigación, detectándose, además, que estas redes continúan operando impunemente en la misma plataforma o migrando a nuevos foros dispuestos para el mismo fin, todo en absoluta impunidad”. Más tarde el texto suma: “Hasta la fecha no se ha citado a declarar a ninguna de las víctimas que entregaron antecedentes sobre las conductas descritas en la denuncia, mujeres entre 13 y 40 años que arrastran historias de ciberacoso durante años”.

Luego de contactar al ahora cuestionado ex Fiscal Manuel Guerra, para pedir información, este reconoció no recordar mucho del caso porque pronto pasó a manos de Rodrigo Celis, Fiscal Adjunto de la Unidad de Delitos Sexuales de la misma zona.

Pese a que, para este reportaje, se realizaron diversos intentos para contactar a Celis u obtener información de este caso con Fiscalía Oriente, las respuestas entregadas fueron insatisfactorias. Luego de un mes de correos, mensajes de WhatsApps y llamadas telefónicas al área de comunicaciones, sólo se nos confirmó el nombre del actual fiscal, una vez fue preguntado directamente. Finalmente, se nos dijo que no se referirán al tema. Pese a que no indicaron el motivo en concreto; durante el proceso argumentaron que la espera se debía a un cambio de orgánica. Mas, a la segunda semana de dilatación, se nos dijo que la nueva vocera, Pamela Valdés, ya había recibido nuestra solicitud. Contactados nuevamente con esta institución, quisimos seguir la pista sobre la investigación en su arista internacional. Entre otras cosas, se preguntó si el Ministerio Público recurrió a convenios con fiscalías de otros países para dilucidar este tema. Sin embargo, y hasta el cierre de este reportaje, no nos ha dado su respuesta.

 

El retraso de las leyes

Si bien para Antonia Larraín encontrar sus fotos en Nido fue impactante, no fue la primera ni la última experiencia de acoso digital que le ha tocado vivir. Como influencer y activista “body positive” feminista, parte importante de su vida social y laboral se encuentra en redes sociales y cada día se expone ante agresiones verbales en su contra. Y se cansó. Por eso decidió tomar medidas, en particular en contra de César Huispe, el responsable del canal de Youtube llamado Críticas QLS y del podcast Patriarcalmente Hablando, por acoso digital.

—Hace dos años este youtuber, que tiene 400 mil seguidores, subió un video burlándose de un reportaje sobre la gordofobia donde participé. Pero cuando yo aparecí además empezó a hacer comentarios sexuales sobre mi apariencia. Y generó una ola en cadena, porque no solo mostró mis fotos y videos, también dijo mi nombre, mostró mi Instagram, una de mis imágenes donde él encontraba que me “veía rica” y se grabó mientras comentaba en ellas.

Antonia cuenta que a raíz de ese episodio lleva años recibiendo mensajes relacionados a ese video. Nunca había bloqueado a tanta gente: cree que fueron más de 400. Todos hacían referencia a que se “veía rica” o se burlaban de la gordofobia.

Hoy no tenemos una legislación clara que reconozca estas formas de violencia de género como un delito. Por este motivo, Larraín junto a su abogada Marlen Quintanilla, evalúan interponer un recurso de protección por vulneración al derecho a la honra y dignidad o una querella por injurias. Ambos escenarios buscan que un tribunal ordene que quienes la están vulnerando dejen de hacerlo, por ejemplo, no nombrándola más en redes sociales.

—En Chile no hay una figura típica específica —señala Carola Rivas, jueza de la Corte de Apelaciones y presidenta de la Asociación de Magistradas de Chile—. Es decir, cada vez que se denuncian estos hechos ante el Ministerio Público se tienen que buscar figuras penales paralelas, en algunos casos de injurias o calumnias. En otros casos, si han extraído fotos o imágenes de plataformas privadas, puede ser un delito cibernético o el artículo 161 A y B, pero esto es solo para quien sustraiga o reproduzca documentos de carácter privado.

Pese a que, Jessica Matus de Datos Protegidos, cree que algunos tipos de violencia, como la difusión de imágenes íntimas, deben ser sancionados penalmente no cree que ésta sea la única respuesta necesaria para enfrentar este problema. También se necesitan políticas públicas de educación, prevención y reparación que establezcan una estrategia de lucha contra la violencia de digital que afecta a mujeres y disidencias.

—Esto va a seguir siendo un problema mientras no tengamos evidencia estadística de cuántas son las personas que han sido afectadas por la violencia digital —indica Matus—. Probablemente aquí, el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género no ha hecho su trabajo para abordarlo. O sea ¿cómo es posible que aún no hayan realizado una encuesta o levantamiento de casos?

Consultado el Ministerio de la Mujer, dicen capacitar al área judicial en esta materia y que actualmente impulsan la “Ley que sanciona el acoso por cualquier medio” en el Congreso -que les permitiría ampliar las atribuciones legales del organismo para así, por ejemplo, poder presentar querellas por estos delitos de forma autónoma-. No obstante, reconocieron no haber realizado ningún estudio respecto a este tema.

¿Y qué hace Mark Zuckerberg?

El año pasado. Sábado 21 de marzo. Paula se levantó a las 7 de la mañana para avanzar en su tesis de magíster que estaba a punto de entregar. O al menos esa era su idea. Pero, a los pocos minutos de despertar, se dio cuenta de que algo andaba mal: decenas de notificaciones de alerta de seguridad de Gmail, Facebook, Instagram y Twitter inundaban su celular. Tardó poco en darse cuenta de que ya no podía ingresar a sus cuentas. La habían hackeado. Lo que siguió fueron horas intentando recuperarlas y meses de profunda angustia.

Ese día Paula, quien prefiere no dar a conocer su apellido, se convirtió en una de las más de 25 mujeres víctimas de un sujeto de 29 años que vendía desayunos a domicilio y que fue detenido el 7 de septiembre por robar información de las redes sociales de sus clientas, para luego violentarlas y extorsionarlas con filtrar sus fotos íntimas. Lo que le pedía no era dinero, sino fotografías en posiciones eróticas para luego venderlas en “packs”. Quien no cumpliera con sus deseos sufriría la filtración de sus datos personales, incluidas las imágenes íntimas que en algún momento hubieran enviado a otras personas. Eso ocurrió con Paula.

—Los ataques duraron dos semanas más o menos. Luego, cada 15 días hasta julio —cuenta Paula. Fue tanta la angustia que incluso pensó en quitarse la vida. Afortunadamente, lo superó.

El hombre la siguió acosando a través de perfiles falsos que publicaban sus fotos en Instagram. Tanto Paula como las otras afectadas reportaron las cuentas una y otra vez a la red social, pero nunca obtuvieron respuesta. El mismo desenlace que se repite en los casos de Valentina y Antonia Larraín.

En su angustia, Paula buscó todos los recursos a su disposición y se encontró con un programa piloto de Facebook —empresa propietaria de Instagram— sobre imágenes íntimas compartidas sin permiso, creada para proporcionar una opción de emergencia a aquellas víctimas que temen que publiquen sus datos audiovisuales. “Eliminamos las imágenes y trabajamos con las ONG que participan en el programa para garantizar que las personas tengan acceso a los recursos y servicios de asistencia”, señala el texto de la página. No obstante, nada de lo que estaba en la web fue de ayuda. Y las pocas que había, se encontraban en países con otros idiomas. Aún así, Paula cuenta que intentó contactar al centro brasileño, pero este nunca le contestó.

El 16 de septiembre de 2021, el medio estadounidense Wall Street Journal (WSJ) publicó una investigación a partir de una filtración de documentos de Facebook, según informó la BBC. Destacan, entre ellos, denuncias por falta de proactividad de la plataforma ante hechos tan graves como la trata de personas a través de esta red. Si bien, la compañía aseguró que contaba con una estrategia integral para evitar situaciones riesgosas, sus críticos advirtieron que no poseen los medios para moderar el contenido que se publica. Es más, una estadística revelada por el WSJ señala que solo el 13% del esfuerzo para mediar los daños se realiza fuera de Estados Unidos.

—No hay que olvidar que no se trata solo de una legislación ni del autocuidado. Aquí hay responsables que son el Estado y las plataformas por Internet —agrega Matus—.  Por ejemplo, que cada vez que quiera reportar un caso, la víctima debería poder hacer un seguimiento u obtener información para poder presentar luego en su denuncia. A veces, la reparación es simplemente saber cómo pasó, por qué y cuál fue el resultado de su denuncia ante la plataforma donde se generó la violencia.

Las denuncias mueren en la comisaría

Valentina tardó más tiempo haciendo la fila de espera en la comisaría de Carabineros que en la atención que le brindó el funcionario, al que le denunció el acoso por redes sociales del que fue víctima en 2018. 

—Me dijeron algo como: “Ya, pero no le han hecho nada, no han llegado a su casa. Esa persona que la está amenazando puede ser cualquiera, entonces no es viable” —recuerda la joven. Así como con Valentina, existen innumerables testimonios de víctimas que son devueltas a sus casas sin ninguna ayuda. 

Según información obtenida por Transparencia, desde septiembre de 2019 hasta el mismo mes de 2021, la PDI ha recibido 145 denuncias por captación y difusión de registros audiovisuales de partes íntimas (artículo 161- C) de personas mayores de 18 años, de las cuales 117 son mujeres. Por otro lado, de acuerdo a los registros entregados por el Poder Judicial, entre 2019 y 2020, se realizaron solamente siete condenas por infracción a la causal 161 A y B. 

De acuerdo a las cifras del estudio de ONG Amaranta y Datos Protegidos, solo un 24% de las personas encuestadas intentó realizar una denuncia a Carabineros, PDI o los juzgados locales. A un cuarto del total se la recibieron, es decir, el 7% de la muestra. La magistrada Carola Rivas sostiene que existen trabas institucionales que pueden revictimizar a quienes denuncian en estos casos. Primero, la falta de capacitación de la policía y del Ministerio Público. Luego, la falta de legislación y, por último, la llegada de la justicia:

—Hay un real impedimento cuando tocamos hechos que constituyen ciberacoso, ciberbullying, hostigamiento cibernético, difusión de imágenes y más. No hay un tipo penal sancionatorio. Por tanto, en esa nube y amalgamas de figuras, se diluyen las denuncias.

Un Congreso sin urgencia ni WiFi

Actualmente existen varios proyectos que están en tramitación en el Congreso para regular el acoso digital. Entre ellos se encuentra la Ley “Sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia” impulsada por el ex Gobierno de Michelle Bachelet en 2017, la Ley Pack presentada por las diputadas Maite Orsini (Revolución Democrática) y Maya Fernández (Partido Socialista) en 2018 y el proyecto promovido por Guido Girardi (Partido Por la Democracia) que busca “regular la situación de las plataformas de servicios digitales en Chile” enviado en 2021 

El boletín 11.077-07 ingresado por Bachelet —que se encuentra con suma urgencia en el Senado— establece una sanción acorde a los tiempos de Facebook, donde la difusión de material que “menoscabe la integridad de la persona” asegure una sanción por la publicación o difusión del mismo. 

Por su parte, la Ley Pack resalta al sancionar este fenómeno que trajo consigo la expansión de Instagram, al hacerse cargo de las limitaciones que presenta el artículo 161 A y B. Ya que en algunos grupos privados se comparte material sexual sin consentimiento de la víctima. No obstante, esta iniciativa -que movilizó a distintos colectivos feministas para promoverla–, se encuentra sin discutir en el Congreso desde enero de 2019. Karen Vergara asegura que, de la mano de otras organizaciones, se está preparando un nuevo proyecto más consistente y “menos punitivista”.

Además, la Cámara Alta y su Comisión Desafíos del Futuro, presidida por el Senador Girardi, propuso regular las plataformas digitales, entre otras cosas, para proteger el derecho al olvido y combatir las “funas”. Aunque Romina Garrido, directora de la Fundación Multitudes, señala que este proyecto de ley es “un volador de luz” pues ignora que el Estado chileno no tiene una agencia de protección de datos personales.

A estas iniciativas, se le suma el proyecto de ley impulsado por el actual Gobierno que “sanciona el acoso por cualquier medio” dedicado específicamente al hostigamiento, captación y difusión de imágenes sin consentimiento. Empero, la iniciativa ingresada en marzo de 2019, aparece en la web de la Cámara en su primer trámite constitucional, sin movimientos desde diciembre del 2019.

Jessica Matus agrega la existencia de otros tres proyectos. El boletín 11.801-07 de 2018 que legisla sobre el acoso y hostigamiento digital. Su último movimiento fue en junio de 2021, cinco días después de que se ingresara. También está el proyecto 11.923-25 de ese mismo mes y que abarca la difusión de imágenes sin consentimiento en la pareja, el cual se encuentra en segundo trámite constitucional, sin cambios desde enero de 2019. Y, por último, el boletín 13.928-07, que prohíbe conductas de violencia digital y fue presentado en diciembre de 2020, manteniéndose en primer trámite en la Cámara. “No se ha discutido ni tiene o ha tenido suma urgencia”, señala la experta. Ante este escenario, el problema sería la dispersión de normas que no permiten abordar el tema de forma integral y con una perspectiva de género:

—Nosotros siempre pensamos que debería existir un solo proyecto —opina Matus—. Una ley de violencia digital que debería contener las conductas típicas establecidas allí y alguna norma más amplia que permita subsumir otras que se pudieran dar en el futuro. Por ejemplo, el “deepfake”, donde se utiliza tecnología que cambia el rostro para, por ejemplo, hacer pasar a una persona por otra en un video íntimo.

El patriarcado y el odio de Internet

La humorista Paloma Salas también fue una de las afectadas por Nido.org. Ocurrió un día después de que grabara un programa de radio junto a Jani Dueñas sobre los “Incel”, comunidades virtuales que se denominan como “célibes involuntarios” y culpan –atacando- a las mujeres por no mantener relaciones sexuales con ellos. 

—Al día siguiente publicaron fotos, mi Rut y una dirección antigua. Y nos empezaron a enviar la hueá por redes sociales —cuenta. Con eso, Salas se dió cuenta que los integrantes de esa web no eran seres lejanos como los imaginaba, sino que estaban cerca, eran reales y escuchaban su programa.

En 2019, el estudio “Violencia en Internet contra feministas y otras activistas” de Cecilia Ananías y Karen Vergara, trazó un posible perfil detrás de los atacantes de internet a través de una aproximación a sus discursos. Hombres de entre 18 y 35 años “con estudios en ámbitos donde ha calado fuerte la lucha por los derechos de la mujer (como Humanidades y Ciencias Sociales) o de carreras STEAM (como las ingenierías y carreras ligadas a tecnología y matemática)” eran los principales perpetradores.

“Los primeros se sentían amenazados por los avances de las mujeres en estos espacios; mientras que, los segundos, se encuentran en posiciones de mayor prestigio social, desde donde atacan y miran de manera inferiorizada a las mujeres”, señala la investigación. El fin último de estos perfiles sería infundir temor, angustia y terror en las víctimas.

“Una mujer que sale de la esfera privada y levanta la voz es vista como un peligro, ya que rompe con lo preestablecido y, por ende, debe ser atacada, humillada, acosada y amenazada”, es una frase que recita el estudio y que representa las experiencias de Valentina, Antonia Larraín, Paloma Salas y miles más que se organizan para denunciar el machismo y el odio.

No obstante la proliferación de amenazas, el ciberespacio también ha sido un escenario de encuentro para grupos históricamente vulnerados como las mujeres y disidencias, desde el activismo más cotidiano, hasta campañas como el #MeToo, #NiUnaMenos o #JusticiaParaNicoleSaavedra. Internet es hoy un territorio de disputa político-cultural.