Felipe Santana, dos años tras las rejas

Escrito por: - 10 de enero de 2022
Felipe Santana, dos años tras las rejas

Felipe Santana Torres tenía 19 años cuando fue acusado por la Fiscalía de ingresar a la catedral de Puerto Montt, junto a un grupo de personas, para tomar una banca e iniciar una barricada. Pese a no tener antecedentes penales, el joven mueblista con una discapacidad cognitiva leve, fue condenado a 7 años de presidio. Sobre este caso, investigó Vanessa Vargas. 

Por Vanessa Vargas 

Condenado a 7 años por quemar una banca. Así resumieron los medios, hace casi dos años, la sentencia del Tribunal Oral en lo Penal de Puerto Montt para Felipe Santana Torres. El 25 de noviembre de 2019, entre golpes y amenazas, el joven mueblista fue detenido por personal de la Segunda Comisaría y acusado de participar en los disturbios ocurridos en la catedral de la ciudad, el día 14 del mismo mes. 

Presentando como pruebas una serie de videos de redes sociales y cámaras de seguridad –que no lo mostraron accionando ningún acelerante para iniciar un incendio– la Fiscalía logró acreditar que Felipe habría ingresado a la iglesia para robar una banca y luego trasladarla a la vía pública para comenzar una barricada. Como agravantes de los delitos se consideró la ejecución del hecho con ocasión de tumulto y en un espacio de culto religioso. 

“Felipe Santana Torres se apropió con ánimo de lucro y sin la voluntad de su dueño, de al menos, una banca de madera avaluada en $325.000 que se encontraba en el lugar. La que dispuso, trasladándola a la vía pública, para efectuar una barricada incendiaria. Previamente Santana Torres, escaló hasta el sector del frontis de la catedral en donde dañó la cobertura de madera de una de las columnas existentes allí. Cuyo avalúo resultó indeterminado”, fue una de las acusaciones del Ministerio Público. 

En febrero del 2021 su abogado, Fernando Leal, presentó un recurso de nulidad del juicio, que fue rechazado por la justicia. Desde entonces, sin contacto ni redes con su familia sanguínea, Santana permanece cumpliendo condena en el módulo 90 de la cárcel, recibiendo el apoyo de amigos, amigas y activistas de Derechos Humanos de la ciudad, quienes consideran que la justicia lo utiliza como un chivo expiatorio dado su historial de vida. 

Mónica Hernández es directora del Instituto Técnico Forjadores de Alerce, recinto donde Felipe estudió tras su paso por la escuela diferencial, convirtiéndose en el vínculo más cercano de Santana en reclusión.

Estamos seguros de que acá hubo un exceso, tanto del Poder Judicial como Ejecutivo. Porque en su juicio hubo mucha intervención del gobierno, de las autoridades que lo representan en nuestro territorio, con publicaciones y solicitudes de penas duras. Nosotros sentimos que el caso fue tomado como una lección para aplacar el estallido social y evitar que los jóvenes salgan a protestar por lo que es justo– reflexiona.

Justicia de clase

A los 10 años, Felipe Santana junto a sus hermanos, comenzaron a ser parte del Programa de Familias de Acogida (FAE) del Servicio Nacional de Menores (SENAME). La familia biológica no pudo hacerse cargo de la crianza y, debido a una leve discapacidad cognitiva, su infancia transcurrió internado en la Escuela Diferencial Los Eucaliptus, donde aprendió el oficio de mueblería y juguetería en madera. Soñaba en llegar a la Universidad y estudiar ingeniería, pero la cárcel lo postergó todo. 

Al joven artesano, no le gusta hablar de las situaciones de abandono que vivió en su niñez. No fue fácil crecer en una familia cedida por la orden de un tribunal donde no siempre sobró el cariño. Sin embargo, Mónica –su hoy tutora– cuenta que “si bien Felipe no conoció el amor ni el afecto sincero, siempre ha sido una persona llena de amor, buena, muy confiada, con características muy bonitas. A mí me conmovía ver cómo él, a pesar de todas las adversidades que tuvo que pasar en su vida –en su parte humana– estaba completo; lleno de buenas intenciones, siempre dispuesto a compartir lo que él tuviera”.

Desde que Mónica y Felipe se conocieron han mantenido una relación cercana, que se afianzó ante las complejidades de su condena en la cárcel. Hoy lo cuida como a un hijo más: “Sabe que vamos a estar con él en todo momento acompañándolo y esperando que logre su libertad. Sabe que nuestra familia y hogar también va a ser su casa y familia”.

Con más de dos años en prisión, el joven se encuentra confiado en que, lo que viene a futuro, puede mejorar su situación. Además de Mónica, cuenta con una estrecha red de apoyo de amigos y cercanos que han activado la solidaridad sobre su caso. Grupos de artistas y ciudadanos autoconvocados de Puerto Montt, se han organizado para reunir recursos y costear algunas de sus necesidades en la cárcel. También ha recibido apoyo internacional de quienes solidarizan con la situación de los presos políticos chilenos. Su tutora cree que eso lo incentiva a seguir luchando y a no bajar los brazos, pese a lo complejo que puede ser vivir en la cárcel para alguien sin experiencia. 

Leal asegura que su caso es un ícono de la justicia de clase en Chile. “Una que sanciona con severidad a los más vulnerables, a los más pobres y que tiene una vara totalmente distinta para medir a quienes cometen delito pero tienen poder, como vimos con Penta o Raúl Schuler; están todos cumpliendo penas en domicilio o con clase de ética y tenemos a este muchacho que salió a manifestarse por el sistema abusivo y que recibió una condena total de 7 años”, argumenta y añade que Santana podrá optar en un tiempo más a libertad condicional u otros beneficios penitenciarios. Actualmente se encuentra trabajando en un recurso de revisión que presentarán ante la Corte Suprema, convencidos de que hubo una serie de infracciones que impidieron una sentencia justa. 

Tenemos fe que, más temprano que tarde, podremos hacerle justicia a la situación de Felipe

En julio de este año el joven mueblista grabó un video que sus cercanos difundieron en redes sociales. En él, agradece el apoyo de quienes solidarizan con los presos y asegura que “no puede haber una nueva Constitución mientras nosotros estemos presos aquí adentro, porque si no hubiese sido por nosotros, no estarían hablando de una nueva Constitución”.

A la espera de la Ley de Indulto

La vida en la cárcel no es fácil, repiten familiares, así como amigos de presas y presos políticos de la Revuelta. Para quienes se encuentran cumpliendo prisiones preventivas hace meses o incluso años, la privación de libertad es una situación difícil de sortear en todo aspecto: por la incertidumbre del juicio y las condenas, pero también por las carencias generales de los recintos penitenciarios y lo costosa que puede resultar la vida para la población penal. 

Verónica Verdugo es madre de Nicolás Ríos (21), joven que a comienzos de 2020 fue detenido a los pies del Cerro Santa Lucía por un furgón de civil y, más tarde, acusado de portar un artefacto explosivo. Junto a otros familiares y amigos, Verónica es parte de la Asamblea Nacional de Familiares de Presos Políticos de la Revuelta, que en su catastro general contabiliza –al menos– 700 personas en calidad de prisión política en Chile. Algunos aún están en prisión preventiva; otros, bajo arresto domiciliario o medidas cautelares. Sólo en Santiago 1 residen 43 presos, de los cuales solo 8 se encuentran condenados. La organización contabiliza cerca de 150 jóvenes con arresto domiciliario en la capital. 

La mayoría de los imputados, explica Verónica, están acusados por lanzamiento de molotov y saqueos. Los casos tienen en común largas prisiones preventivas, pero los más críticos son aquellos que han recibido condena: por ejemplo, Jordano Santander (36) en San Antonio, condenado a 5 años y 1 día por homicidio frustrado, o el caso de quema y saqueo del Hotel Principado de Asturias, donde Benjamín Espinoza (20), Matías Rojas (20) y Jesús Zenteno (24) fueron condenados a 6 y 5 años de cárcel respectivamente. También está la situación de Francisco Hernández (22), condenado a 5 años y 1 día por lanzamiento de molotov a carabineros. “Son penas muy altas porque hay que considerar que los chiquillos no tienen antecedentes anteriores”, recalca. El caso de Felipe no es ajeno a esta realidad. 

En prisión preventiva queda gente con años y meses de espera de juicio, lo mismo en el caso de los que están con arresto domiciliario. Hay un cambio de rutina muy grande, las familias no estaban preparadas para enfrentar esto, además sufren el hostigamiento de Carabineros que pasa a las 4 ó 5 de la mañana controlando. En el caso de los chiquillos que están adentro, también está la angustia de no saber cuándo va a ser el juicio y si los van a condenar recalca Verdugo.

Las familias se encuentran trabajando activamente en empujar la aprobación del proyecto de Ley de Indulto General. La iniciativa firmada por los senadores Juan Ignacio Latorre (RD), Adriana Muñoz (PPD), Yasna Provoste (DC), Alejandro Navarro (Independiente) e Isabel Allende (PS) fue aprobada en particular en la Comisión de Constitución y pasará a ser votada en la Sala del Senado, donde necesitará un mínimo de 22 votos para la aprobación del articulado, así como requerirá de 25 sufragios, para superar dos reglas consideradas de rango orgánico constitucional. Aunque parezca sencillo, el proyecto no consta de urgencia legislativa y este proceso se ha extendido más de lo que todos esperaban. De hecho, ya suma un año desde que fue presentado.

En estos momentos no hay ningún otro proyecto por la libertad de los presos, por lo que consideramos que es nuestra única salida. No tenemos ninguna posibilidad que los jueces o fiscales cambien su posición porque ellos siguen criminalizando la protesta social y endureciendo cada vez más las pruebas y condenas, añade la vocera de la Asamblea Nacional de Familiares de Presos Políticos. 

Quienes se organizan en solidaridad con los presos creen que no han tenido derecho a juicios justos, no se les ha respetado la presunción de inocencia, e incluso han denunciado torturas y maltratos psicológicos en detenciones. “Los presos de la revuelta han sido secuestrados y son el trofeo que tiene el Estado para amedrentar al resto de la juventud, a quienes salen a la calle, decirles: miren, si ustedes se manifiestan y organizan, esto les va a pasar. Esto hay que solucionarlo como país y con una medida política”, señala Verónica.  

El actual proyecto de ley en trámite establece la figura de indulto (que se traduce en el perdón del cumplimiento de la pena, aunque la persona sigue siendo considerada culpable) y de amnistía, que supone el perdón del delito para personas condenadas), por lo que su eventual tramitación podría beneficiar a presos como Felipe Santana. Sin embargo, el escenario dependerá de la gestión del presidente electo Gabriel Boric y su posición ante este tema. 

“Personas condenadas por incendio, por saqueos, por delitos que revisten gravedad, desde mi punto de vista, no es aceptable pensar en un indulto para todos. No se puede indultar a una persona que quemó una iglesia o una pyme, o que saqueó un supermercado», declaró el diputado magallánico, semanas antes de la elección presidencial. 

Luego del triunfo, su par Giorgio Jackson anunció que se retirarían las querellas por Ley de Seguridad Interior del Estado, pero unas horas más tarde Boric precisó que “vamos a revisar caso a caso como corresponde, y en esto yo creo que es mejor no anticiparse, pero estamos trabajando en ello».

El verdadero rumbo que tomará la iniciativa en el gobierno del Frente Amplio está por verse, sobre todo en un Congreso que tendrá amplia representatividad de oposición. 

“Yo estoy claro el por qué estoy preso: estoy preso por esa lucha que me tocó vivir, de alzar la voz por mi pueblo. Mi expectativa es poder recuperar mi libertad, recuperar mi vida y seguir siendo la persona que soy. Ojalá un día pueda estudiar derecho y ser abogado, para hacer justicia y que ya no hagan más con nadie lo que hicieron conmigo”, sentencia Felipe a través de un mensaje escrito desde la cárcel. 

Un llamado a la solidaridad

Es un día nublado en Santiago y Fabiola Campillai, sobreviviente a la más cruenta represión policial desatada durante el estallido y electa senadora por la Región Metropolitana por una amplia votación popular, habla al micrófono desde una de las calles del centro de la capital:

Estamos aquí apoyando a las familias, a los amigos, a las madres, porque yo soy madre, tengo mis hijos y no me gustaría que estuvieran en el mismo lugar de ellos. Exijo la libertad para los presos políticos del Estallido Social, exijo que se apruebe la Ley de Indulto a los senadores que por años han estado sentados en sus privilegios. No puede ser que ellos estén presos y que delincuentes como Patricio Maturana, como Claudio Crespo y como el mismo Sebastián Piñera estén en la calle. 

Como Fabiola, numerosas personas se han sumado a las convocatorias que se realizan por estos días en defensa y reclamo por la libertad de las y los Presos de la Revuelta. En las calles y en redes sociales se activa la difusión de sus casos, sus historias y situación judicial,  llamando a la solidaridad de la sociedad civil y a la permanente movilización. 

Mónica Hernández cree que ha habido una suerte de castigo en el caso de Felipe y otros jóvenes a los que se espera inducir a no protestar. Mientras, del otro lado de la moneda, una investigación de Ciper evidenció que un 46% de las causas por violaciones a los Derechos Humanos durante el estallido cerró sin formalizados: se trata de al menos 3.050 casos. El informe elaborado por la propia Fiscalía contabilizó en marzo de este año solo una sentencia condenatoria, de cinco años de libertad vigilada.  

No puede ser que gente –que se rompe el lomo trabajando– viva en condiciones precarias y que existan grupos de privilegio que solo quieren mantenerlos, aunque seamos millones al otro lado de la ventana, luchando y arriesgando la vida, los ojos y la libertad; para compartir lo que es de pocos. El proceso constituyente en marcha lo demostró así: sin todo lo que pasó en la calle, no hubiese ocurrido jamás. No es el precio que uno quisiera pagar como sociedad pero este país tiene que cambiar, sostiene la tutora y principal apoyo de Santana en la cárcel.

Harry Jürgensen, ex intendente de la Región de Los Lagos hasta hace un año, fue uno de los querellantes en la causa contra Felipe Santana y celebró en los medios de comunicación la condena en su contra. Hoy es uno de los convencionales encargados de escribir la nueva carta magna. Así lo recuerda Fernando Leal, abogado de Felipe:

— “La ironía de la vida es que justamente gracias a esos jóvenes que salieron a manifestarse es que se dio pie al proceso constituyente. Felipe, que es uno de los precursores de este proceso, se encuentra privado de libertad y quien se querelló en su contra, rechazando el proceso constituyente, hoy es un convencional que redacta la (nueva) Constitución”.

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